Revés judicial para Bacardí: Corte federal ratifica derechos de Cubaexport sobre la marca Havana Club
Una batalla legal histórica llega a una nueva resolución tras el fallo de una corte de apelaciones en Estados Unidos que favorece a la estatal cubana.
El tribunal confirma la validez del registro a favor de Cubaexport
En una decisión de alto impacto para el sector de bebidas espirituosas, una corte federal de apelaciones de Estados Unidos ha fallado en contra de la gigante Bacardí en la prolongada disputa por la propiedad de la marca Havana Club. El dictamen judicial confirma de manera contundente que el registro de la marca pertenece a Cubaexport, empresa de propiedad estatal cubana.
La resolución judicial respalda la renovación de la marca, la cual fue posible gracias a una licencia otorgada en 2016 por el gobierno estadounidense. Dicha autorización validó un pago realizado en 2005, el cual permitió mantener activo el registro a favor de la entidad cubana, despejando así los obstáculos administrativos que durante años mantuvieron el estatus de la marca en un limbo legal.
El argumento de Bacardí y la sombra de las confiscaciones
Durante años, la estrategia legal de Bacardí se ha basado en la premisa de que los derechos de Havana Club les pertenecían legítimamente tras haberlos adquirido de la familia Arechabala, los antiguos propietarios de la firma. Los activos de esta familia fueron objeto de una confiscación por parte del gobierno cubano en 1960, un hecho que se convirtió en el eje central de la reclamación de la compañía licorera.
No obstante, el tribunal determinó que la intervención y autorización del gobierno de los Estados Unidos fueron decisivas para eliminar cualquier traba legal que impidiera la renovación, consolidando la posición de Cubaexport como titular legítimo bajo la normativa vigente, a pesar de las objeciones presentadas por la empresa privada.
Un conflicto que trasciende lo comercial
La disputa por Havana Club no es solo una cuestión de propiedad intelectual; es un conflicto que lleva décadas enfrentando a Bacardí, al gobierno de la isla y a Cubaexport por el uso de una de las marcas de ron más icónicas y reconocidas a nivel mundial, especialmente dentro del codiciado mercado estadounidense.
Este caso vuelve a colocar en el centro del debate público un tema extremadamente sensible para el exilio cubano: el destino de las propiedades, marcas y empresas confiscadas tras la llegada de Fidel Castro al poder. La resolución pone de manifiesto que las consecuencias legales de aquellos eventos, ocurridos hace más de seis décadas, continúan vigentes y siguen generando intensas batallas en los estrados judiciales internacionales.